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CRIMEN DE ESTADO
“Se debe investigar el accionar integral del Estado en la desaparición de Maldonado”
Redacción

En la audiencia convocada por la Cámara de Casación en Comodoro Py quedaron expuestos los planteos de la familia de Santiago y las demás querellas. Los jueces de la Sala IV ahora tienen la palabra.

Fotos Enfoque Rojo

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Tal como se anunció a mediados de noviembre, este jueves se realizó la audiencia ante la Cámara de Casación Penal en los tribunales federales de Comodoro Py del barrio porteño de Retiro. Allí habían sido convocadas las querellas por parte de los jueces de la Sala IV Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Javier Carbajo.

La audiencia había sido convocada para las 12 del mediodía pero se retrasó y terminó arrancando cerca de las 13. Sin embargo Sergio Maldonado, su abogada Verónica Heredia y los demás querellantes no se sintieron solos en la espera, ya que les acompañaban un importante arco de personalidades de derechos humanos que se ubicaron en la parte de la sala destinada al público.

Allí se pudo ver, entre otras personalidades, a la Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora Nora Cortiñas. También a la legisladora porteña del Frente de Izquierda Unidad Alejandrina Barry, acompañada del abogado querellante en la causa contra el espionaje sobre los Maldonado Matías Aufieri, ambos miembros del CeProDH.

Hornos, Borinsky y Carbajo escucharon por espacio de dos horas los planteos de las querellas conformadas por la familia de Santiago Maldonado y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), quienes de forma complementaria expusieron varias cuestiones de fondo de la causa al tiempo que le exigieron a la Cámara que responda a esos planteos.

Se estima que el fallo resolutorio de la Sala IV se conocerá en los próximos días. Allí resolverán si aceptan el pedido de las querellas para que se siga investigando todo hasta el final, incluyendo la hipótesis de una desaparición forzada seguida de muerte o si bien le dan la razón al juez federal de Rawson Gustavo Lleral y dan por cerrada la causa tal como lo hizo el letrado a fines de 2018. Una opción intermedia sería que le den la razón a la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que resolvió en septiembre que se reabra la causa pero ya no por desaparición forzada.

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Contextos, pruebas y espionaje

La abogada Verónica Heredia recordó que fue la misma Sala 4 de la Cámara de Casación la que admitió en el caso del joven Iván Torres que debía investigarse por desaparición forzada teniendo en cuenta el contexto de amenazas a testigos y encubrimiento estatal a los autores materiales, dando lugar al habeas corpus. Sumó el caso de César Gonzálvez, quien desapareció en Trelew en mayo de 2013 y en julio apareció su cuerpo. En ese caso la Sala 4 también admitió la investigación por desaparición forzada, aún cuando tiempo después de producirse haya cesado por la aparición del cuerpo.

En el caso de Maldonado, el contexto en que fue visto por última vez, huyendo de un centenar de gendarmes armados y con la orden de abrir fuego, apareciendo su cuerpo 78 días después en el mismo lugar donde fue reprimido, obliga a analizar en profundidad todas las circunstancias antes de poder determinar, como lo hizo el juez Lleral, que Gendarmería no tuvo nada que ver y que el Ministerio de Seguridad tenía razón.

Por eso Heredia insistió ante los jueces con el pedido expreso de una investigación imparcial, a cargo de un cuerpo de expertos independientes, que garantice lo que el sistema judicial actual no hace ni puede hacer: evitar desapariciones forzadas.

La abogada también se preguntó ante los jueces de la Cámara de Casación qué hacía Pablo Noceti, el jefe de Gabinete de Patricia Bullrich, en el lugar de los hechos y pocas horas después de ocurridos, por qué avisó a Gendarmería de los rastrillajes que se realizarían, por qué la fiscal Avila (a pedido de otro funcionario de Bullrich, Gonzalo Cané) investigaba y mandaba a espiar a las víctimas. Todas preguntas que el Estado debe responder con claridad.

Por su parte Sergio Maldonado recordó que durante todo el tiempo que tuvo la causa en sus manos, el juez Guido Otranto nunca lo recibió siendo el particular damnificado junto a su familia. El juez ni siquiera le avisaba de los rastrillajes, como el del 5 de agosto (cuatro días después de desaparecido su hermano), del que se enteró por los medios.

Sergio también denunció que el juez Lleral rompió la cadena de custodia del DNI de Santiago. Ese documento le fue entregado a él en mano en la morgue y luego hicieron una prueba con otro plástico en condiciones completamente distintas a las que debieron hacerse para corroborar si el DNI de Santiago había estado efectivamente 78 días sumergido en el Río Chubut entre el 1º de agosto y e 17 de octubre de 2017.

Tanto Heredia como Maldonado denunciaron a su vez el espionaje sistemático sufrido por la familia del joven, por organismos de derechos humanos y por parte de la comunidad movilizada en reclamno de justicia por parte de la misma Gendarmería y otros agentes del Estado. Sergio aludió específicamente a distintos hechos de espionaje y seguimiento, los cuales fueron acreditados en una causa iniciada en los Tribunales Federales de la Ciudad de Buenos Aires a instancias de Myriam Bregman y Matías Aufieri, miembros del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

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Muchas preguntas por responder

La APDH hizo hincapié en la necesidad de que un peritaje palinológico sobre las muestras de agua encontradas en el cuerpo de Maldonado resuelva los interrogantes que dejaron los estudios complementarios realizados luego de la autopsia. Allí, el informe de una perito palinóloga fue contundente en la no determinación del lugar de la muerte de Santiago.

También plantearon la necesidad de nuevos análisis sobre los billetes y el DNI encontrados en las ropas del joven y que se debe volver a tomarle declaración al joven mapuche y testigo clave Lucas Pilkiman. A su vez destacaron que en la “investigación” realizada por el juez Lleral se pasó por alto que no hubo una medición de la profundidad que tenía el Río Chubut (en el tramo donde apareció el cuerpo) al momento de la desaparición de Maldonado el 1º de agosto de 2017. En ese sentido, se dijo, la autopsia no alcanza para determinar cómo, cuándo y dónde murió Santiago, toda vez que el río en esa época es mucho más bajo que en octubre (cuando apareció su cuerpo).

Otros hechos que se remarcaron en la audiencia refieren a la pregunta de dónde está la mochila de Santiago que cargaba con él ese día y al momento sigue sin aparecer. También que el Ministerio de Seguridad afirmó que Gendarmería no disparó pero efectivamente sí lo hizo y además muchos gendarmes arrojaron piedras sobre los manifestantes.

Respecto a esto último se planteó que hubo una negación deliberada por parte de los jueces Guido Otranto y Gustavo Lleral y la fiscal de Esquel Silvina Ávila a analizar el nexo causal de la muerte de Santiago Maldonado, afirmando que sería totalmente equivocado pensar que el joven ingresó al río por propia voluntad. Al mismo tiempo, quedaron en evidencia los verdaderos “actos preparatorios” que derivaron en los hechos que se deben investigar a fondo, una planificación previa de parte de los funcionarios y las fuerzas represivas para que la cosa terminara como terminó.

En la audiencia también participaron otros organismos de derechos humanos querellantes en la causa como el CELS, la Asociaciòn de Ex Detenidos Desaparecidos y la Comisión Provincial por la Memoria.

Ahora los jueces de la Sala IV de la Cámara de Casación tienen la palabra. Para la familia Maldonado no solo es importante lo que resuelvan sino con qué fundamentos lo harán. Así lo dejó expresado durante su intervención Sergio, el hermano de Santiago, al recordar que la abuela de ambos les dijo a sus seres queridos antes de morir que deseaba irse de este mundo para saber qué había pasado con su nieto. Los representantes del Poder Judicial escucharon esas palabras. Habrá que ver si están a la altura de las circunstancias.

 
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