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Violencia laboral en el Ministerio de Trabajo de Jujuy, ¿un caso aislado?

Hace unos días trabajadores/as del ministerio de Cabana Fuzs denunciaron que funcionarias de la cartera violentaron a una trabajadora. La situación no es la única, la precarización laboral acrecienta los maltratos y abusos de poder en el Estado están a la orden del día.

Natalia Morales

Diputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Lunes 9 de diciembre de 2019 | 07:00

Foto: Jujuy Al Momento

Trabajadoras y trabajadores ministerio de Trabajo de la provincia denunciaron días atrás situaciones de violencia puertas adentro de la repartición, y que habría llegado a su punto culmine con un episodio vivido por una de las trabajadoras que fue violentada por funcionarias jerárquicas, que además son familiares directas del ministro y del concejal capitalino por la UCR Leandro Giubergia.

Este grave hecho se dio días atrás, las/los trabajadores afirmaron en una nota que hicieron circular que “...la Subsecretaría de Fiscalización Buenas prácticas y Relaciones con la Sociedad Civil, Agustina Mulqui (nuera del Ministro Cabana Fuzs), la Jefa de Recursos Humanos, Lucía Mulqui y María José Chara (esposa del Concejal Giubergia) citaron a un despacho a la Srta Yanina Sosa, trabajadora social de Dirección de Buenas prácticas laborales y Violencia laboral, para interrogarla por el trámite de un expediente. Transcurrido un tiempo, las mencionadas funcionarias acusaron a Sosa de haber estado grabando la situación y se abalanzaron sobre ella con gritos y agresiones físicas, llegando incluso a bajarle el pantalón con la intención de quitarle el teléfono. Esto último se concretó ya que el dispositivo desapareció y Sosa se retiró de la oficina llorando y en un claro estado de conmoción, siendo asistida por sus compañeras…”

El hecho de violencia laboral y robo fue denunciado por la trabajadora ante fiscalía de la provincia de Jujuy, acción que motivó el amedrentamiento y persecuciones por parte de las jerárquicas, que siguen violentando a la víctima, y que además intimidan a sus compañeras y compañeros de trabajo que salieron a denunciar esta situación, pero también se animaron a dar cuenta de que la violencia laboral está a la orden del día en ese ministerio.

Ministerio de la precarización y la violencia laboral

En el ministerio de Cabana Fuzs hay aproximadamente 150 trabajadores, de los cuales unos 100 se encuentran bajo condiciones de precariedad laboral. El ministerio que debería bregar y defender los derechos de lo/as trabajadores/as niega derechos establecidos en los convenios colectivos de trabajo y en la constitución, como la planta permanente, obra social e incluso jubilación, generando y profundizando todo tipo de situaciones de discriminación, arbitrariedades y violencia laboral, que recaen mucho más sobre las mujeres.

Ante estas situaciones un grupo de trabajadores y trabajadoras presentaron una nota al gobernador, Gerardo Morales, donde denuncian la grave situación vivida por Yanina Sosa, de la Dirección de Violencia laboral pero también las situaciones cotidianas de violencia laboral a la que están expuestos: abusos de autoridad que los funcionarios ejercen cotidianamente, malos tratos, gritos, humillación, amenazas de despido, persecución, hostigamiento, avisos de despidos sin causa, privilegios excesivos para el círculo íntimo y familiar del ministro Cabana Fusz, irregularidades en la registración laboral, precariedad, y hasta acoso sexual.

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Precarización laboral también es violencia

El Estado provincial es uno de los principales precarizadores de trabajo. En Jujuy las leyes de emergencia presupuestaria que rigen desde los 90´, aprobadas año tras año por el PJ y la UCR en la Legislatura, como sucedió recientemente, avalan este accionar por parte del estado provincial para mantener diversas formas de precarización laboral donde los que pierden son los/as trabajadores/as.

Si bien en este año el gobierno ha emitido el Decreto para el pase a planta permanente de trabajadores de la administración pública provincial con contratos de locación de servicios y antigüedad de cinco años o más, deja por fuera a trabajadores/as de distintos sectores como los de salud, vialidad, los de los municipios, y quienes cargan con la precarización con otros tipos de contrataciones como la locación de obra, quienes sólo facturan sin contrato, o están jornalizados.

El mismo ministro de Hacienda, Carlos Sadir, reconoció días atrás en la legislatura de Jujuy, que existen unos 10 mil contratados en la provincia, y unos 5 mil estarían en condiciones de pasar a la planta permanente en las condiciones que la Ley N° 6123 establece. Sin embargo, ese número no contempla ni a los miles de municipales, ni a quienes quedan bajo otro tipos de contrataciones en la provincia. Ellas/ellos son quienes están mucho más expuestos a situaciones de violencia y acoso laboral, ya que los/as jerárquicos/as y funcionarios/as de cada ministro hacen uso de esa misma precariedad para violentar a trabajadores/as, en muchos casos sometiendo a trabajadores/as a costa de renovar o no contratos laborales.

No es no

La legislación nacional y tratados internacionales dan cuenta que violencia laboral es toda acción, omisión o comportamiento destinados a provocar directa o indirectamente, daño físico, psicológico, moral y sexual en los lugares de trabajo y puede venir de rangos superiores, iguales o inferiores, afectando la salud física y mental, la vida laboral y/o social. También que toda persona tiene derecho a la igualdad de trato, de desempeñarse en ámbitos sin violencia ni acoso, inclusive por cuestiones de género, siendo estos derechos, derechos humanos.

Actualmente en el país no hay una Ley contra la violencia y el acoso laboral, aunque sí legislación que da cuenta de la violencia de género en los ámbitos laborales (Ley 26.485, Ley Micaela) , convenios colectivos de trabajo como el del empleado de la administración pública. En Jujuy existió una ley contra la violencia laboral, que fue sancionada en mayo del 2003, pero fue vetada en junio del mismo año por el ejecutivo. La provincia no contempla ni protocolos de actuación ante denuncias de caso de violencia laboral y/o de género, ni la cobertura y asistencia de equipos interdisciplinarios para víctimas de violencia y acoso laboral en sus lugares de trabajo. No existen licencias pagas (salvo en la municipalidad de la capital por casos de violencia de género), ni traslados, ni se garantiza un ambiente sano para quien ha vivido estas situaciones, ni para el conjunto de las/los trabajadores.

Es necesario, que el malestar que viven miles de trabajadores que saben de estas situaciones y condiciones laborales se transforme en organización sindical en cada lugar de trabajo, basado en asambleas, con delegados/as de base elegidos democráticamente y comisiones de mujeres donde se discuta este y otros problemas que atraviesan las/los trabajadores. Los sindicatos estatales se tienen que poner a la cabeza de rodear a las/los trabajadores afectados que se animan a denunciar estas situaciones, y de todas las medidas necesarias, definidas en asambleas y plenarios para luchar contra la violencia laboral, la precarización y el ajuste en curso.






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