Lo decidió la jueza federal Carolina Lebbos. La defensa del exmandatario insistió en que se le debe "restablecer la libertad plena".
Miércoles 7 de agosto de 2019 | Edición del día
La Justicia brasileña ordenó este miércoles que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea trasladado desde Curitiba, donde cumple una pena de prisión por el fallo de una causa arbitraria armada en su contra, a un "establecimiento" de Sao Paulo, aunque no se definió todavía cuál será.
Lula se encuentra detenido desde el 7 de abril de 2018 en la sede de la Policía Federal de Curitiba, donde cumple una condena de 8 años y 10 meses, producto del autoritarismo judicial que tuvo un objetivo central, impedir el derecho democrático elemental del pueblo a elegir a quién votar en las elecciones.
El encarcelamiento del expresidente derivó en las elecciones presidenciales más manipuladas de la historia reciente de Brasil. Un verdadero show mediático, con filtración de conversaciones y fallos basados en “convicciones” y sin pruebas concretas, como salió a la luz en los recientes chats de Telegram el juez Sérgio Moro y su brazo derecho, el fiscal federal Deltan Dallagnol.
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La magistrada Carolina Lebbos subrayó "la plena pertinencia de la transferencia" para Sao Paulo y recordó que "no hay razones" para mantener el cumplimiento de la pena "en un lugar distante del núcleo familiar y social".
Desde la defensa del expresidente, insistieron en que "Lula es víctima de una intensa humillación ilegal impuesta por parte del sistema de justicia", según señaló en una nota el abogado Cristiano Zanin Martins, que adelantó que recurrirán la decisión tomada.
El letrado informó que "tomará todas las medidas necesarias" con el objetivo de "restablecer la libertad plena" del ex jefe de Estado y "asegurar sus derechos" y solicitó que cualquier decisión judicial aguarde el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre un hábeas corpus solicitado por los abogados.
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La detención de Lula es una expresión del avance del autoritarismo judicial y la derecha. La exigencia de la libertad inmediata de Lula, sin apoyar a Lula ni al PT políticamente, es parte de rechazar todos los ataques del poder judicial contra los derechos democráticos de la población, que poseen un objetivo central de debilitar las posiciones de los trabajadores en el interior del régimen político más endurecido y autoritario, dificultando la organización sindical y las luchas obreras a fin de descargar la crisis capitalista sobre las espaldas de los trabajadores, como expresa la reforma previsional y el ajuste que busca aplicar el gobierno de Bolsonaro.
