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Red Internacional

Luego de oponerse a la ley de VIH, de pedir la derogación de la ley de alquileres, y otros proyectos reaccionarios, la diputada defensora de genocidas Victoria Villarruel, anunció la presentación de un proyecto de Ley del Bloque La Libertad Avanza para derogar la ley 26.160 que protege la propiedad comunitaria de las poblaciones indígenas.

Natalia MoralesDiputada del PTS-FIT en Jujuy | @NatuchaMorales

Ulises CrauchukCorresponsal Comarca Andina | @ulisescrauchuk

Sábado 14 de mayo | Edición del día

En su cuenta de Twitter la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, anunció el jueves 12 de mayo la presentación del proyecto de Ley que solicita derogar la Ley 26.160 de Emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país e impide los desalojos.

En contra de la lucha de la histórica de los pueblos originarios en Argentina por el reconocimiento de sus derechos y la conquista de diversas leyes que reconocen su preexistencia en los territorios que desde tiempos ancestrales ocupan, la diputada, conocida por su papel activo en la defensa de genocidas de la última dictadura, acusa a “supuestos pueblos originarios” y carga en defensa de terratenientes y empresarios para que tengan vía libre para avanzar en los desalojos de las comunidades.

En septiembre del año pasado, durante un acto de campaña, Villarruel dijo: “Si usurpar tierras al Estado y a la gente es de izquierda, soy de derecha. Si defender la impunidad del terrorismo es de izquierda, señores, soy de derecha. Si votar leyes como la ley de alquileres, la ley Micaela, la ley Yolanda, la ley que mete el lenguaje inclusivo en los medios es de izquierda: yo soy de derecha”. Y remató con un “quiero una Argentina con vida, libertad y propiedad”.

Queda claro que la libertad y la vida que pregonan y dicen defender Villarruel y los liberfachos no incluye a las mujeres, a las diversidades, a los pacientes con VIH, a trabajadores y ahora a los pueblos originarios. Tampoco a la naturaleza.

La "propiedad” que defiende la diputada y todos los “libertarios”, es la de los verdaderos usurpadores, empresarios y terratenientes que con el aval del Estado y los gobiernos se hicieron de territorios habitados por los pueblos originarios a balas de plomo, sangre y desalojos.

Tan antiderechos que ni siquiera quieren que existan leyes que reconozcan la demanda histórica de los pueblos originarios, a pesar del escaso cumplimiento por parte del Estado, las provincias, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y el Poder Judicial, que significa la ley 26160 para las comunidades originarias del país.

Propiedad indígena Comunitaria: entre lo formal y lo concreto

A finales del año pasado pueblos originarios, comunidades indígenas de todo el país y sus organizaciones, dejaron nuevamente a la vista la responsabilidad del Estado nacional y las provincias en no garantizar la Ley 26.160 cuya tercera prórroga vencía en noviembre del 2021 y exigían que se tratase en el Congreso la extensión de la misma. Como mencionamos en La Izquierda Diario, oficialistas del Frente De Todos y la oposición de derecha se opusieron a tratar la misma, aunque Alberto Fernández por decreto aprobó la cuarta prórroga.

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Lo cierto es que el relevamiento territorial de las comunidades contemplado por la ley 26.160 del año 2006 aún no se ha completado ni en un 40% en todo el país. Pero no solo eso, ni siquiera la prohibición de desalojos contemplada en dicha ley y sus sucesivas prórrogas se cumple en todos los casos. Ejemplo de ello son los desalojos y amenazas que sufren comunidades indígenas en todo el país a manos del ¿Poder Judicial, los gobiernos provinciales, la Policía y los grupos armados de los terratenientes y multinacionales como sucede en el sur con el pueblo mapuche.

Sin embargo, a los poderosos, sus portavoces y defensores entre los que se encuentran los falsos "libertarios", pero también referentes de Juntos por el Cambio, como es Patricia Bullrich, o incluso integrantes del Frente De Todos en las provincias como Gildo Insfran o aliados como Arabela Carreras, les molesta que pueda existir una herramienta legal conquistada con la lucha de los pueblos originarios y que, en algunos, casos está impidiendo que avancen con desalojos. Por eso el pedido de derogación de la Ley.

Como muestra de lo dicho están las comunidades Buenuleo en Bariloche, el predio que el ejército fue obligado a retornar a comunidades originarias en la misma ciudad y que despertó una campaña rabiosa de la derecha propietaria concentrada en Consenso Bariloche. O el desalojo que resisten las hermanas Antual de la Comunidad Carrolafquen en Jacobacci (Río Negro) a manos del Estado provincial y un terrateniente flojo de papeles. O la comunidad Antieco en inmediaciones de Esquel en Chubut e infinidad de otros ejemplos. Pero también los asesinatos de Rafa Nahuel en 2017 y Elías Garay en 2021 son ejemplo de cómo el desamparo legal que sufren las comunidades originarias respecto al reconocimiento de sus derechos se traduce en muerte.

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Sobre Villarruel, Daniel Satur plantea en una nota de este diario que “dice que el Estado hizo leyes que crean un ’status’ para un determinado sector de la sociedad, los pueblos originarios. Curiosamente, afirma que ’hay que respetar la ley’ pero cuestiona que esté legislado el respeto a los derechos indígenas. Según ella, esas normativas fomentan el terrorismo de los grupos mapuches ’que usurpan y cometen infinidad de delitos’.” Toda una declaración de principios.

Victoria Villarruel es fundadora y presidenta del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), una asociación civil para “reivindicar” (¿?) a las “víctimas del terrorismo” durante los ´70. De hecho, su juramento en la Cámara de Diputados fue “por las víctimas del terrorismo”, no del terrorismo de Estado, claramente. Existen muchas agrupaciones como esta, pero en este caso, la iniciativa parte nada menos que de la sobrina de un genocida que participó del esquema represivo del centro cladestino de detención “El Vesubio” durante la dictadura, e hija de un militar participe del “Operativo Independencia” en Tucumán y que desde 1976 reportó en Campo de Mayo, uno de lso centros clandestinos de detención más grandes del país.

Si su padre y su tío fueron formados como militares por la Doctrina de la Seguridad Nacional, Victoria hace mérito a su historia familiar. En 2008 realizó un curso de “Coordinación interinstitucional y lucha contra el terrorismo” en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry, una institución dependiente de la Universidad de Defensa Nacional establecida en Washington. También firmó la Carta de Madrid, un documento macartista que califica como "criminales" y "parte de una conspiración global influenciada por Cuba" a los grupos de izquierda en latinoamerica.

No sorprende a esta altura que, además de reivindicar a las “victimas” del terrorismo, niegue el derecho de los pueblos originarios, algo consagrado en la propia Constitución del Estado que como abogada no puede ignorar.




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