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Red Internacional

La titular de la empresa Aysa negó el aumento de tarifas de los servicios públicos. Un incremento que afecta los bolsillos de los trabajadores y los sectores populares mientras el Gobierno concede beneficios a las petroleras, a las patronales agrarias y a los bancos.

Martes 16 de agosto | Edición del día
Foto: AySA.

Malena Galmarini, titular de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos (Aysa), justificó la suba de tarifas de los servicios públicos, que decidió el Gobierno para avanzar con el pedido del FMI de recortar subsidios.

Galmarini afirmó que “no es un aumento de tarifas, sino una redistribución de subsidios”, al ser consultada en conferencia de prensa sobre el nuevo esquema de tarifas. “Es una redistribución del subsidio. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo con el gas, la electricidad y el agua es redistribuir para que aquellos que tienen la posibilidad contributiva hagan mayor esfuerzo que aquellos que no”, agregó la titular de Aysa.

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Para la titular de Aysa el impacto que tendrá esta medida en la factura promedio en el segmento alto implicará una suba promedio desde los actuales $841 hasta $2.099 en julio de 2023; los de nivel medio pasarán de $744 a $1.873; y los de nivel medio bajo de $707 a $1.500. Un aumento que significa otro golpe al bolsillo de los trabajadores y los sectores populares, cuyos ingresos son afectados por la inflación.

Redistribución a favor de las patronales

Malena Galmarini justifica la suba de tarifas de los servicios públicos cuando el Gobierno no anunció medidas para recuperar todo lo que perdieron las jubilaciones o los salarios en los últimos años. Mientras tanto concede medidas en beneficio de las grandes patronales. En el caso de las patronales agrarias se les permite acceder a un dólar más barato que los paralelos, que sería por un 30 % de lo que vendan. Esto significa una mejora de alrededor de 12/15 %, pero el agropower exige más para vender la soja. Este martes hubo un encuentro entre técnicos de la Mesa de Enlace Agropecuaria y funcionarios de Agricultura y se espera que el Gobierno ofrezca nuevas concesiones. Un sector que chantajeó con lockout, especula y retiene granos, pero que el Gobierno premia y prepara nuevos beneficios.

En tanto, Massa la semana pasada hizo anuncios para el sector hidrocarburífero vinculados a la reglamentación del decreto que garantiza libre disponibilidad de dólares para las empresas que suban la producción, créditos por $30.000 millones para empresas proveedoras de Vaca Muerta, y adelantó la creación de un canal para simplificar los trámites de las importaciones de maquinarias e insumos vinculadas al complejo Vaca Muerta, que incluirá también beneficios impositivos y aduaneros. Se premia el fracking.

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La fuerte suba de tasas de interés que decidió el Banco Central la semana pasada beneficia a los bancos, otro sector ganador. El organismo elevó en 950 puntos básicos la tasa de Leliq, que pasará a ser de 69,5% nominal anual, lo que implica una tasa Efectiva Anual al 96,8%. Según el informe sobre Bancos que publica el Banco Central, entre enero y abril de este año los bancos privados ganaron $40.387 millones, $ 336,6 millones por día y significó una suba del 32,2 % en ese período, un porcentaje por encima de la inflación.

El Frente de Todos prometió en la campaña electoral terminar con el ajuste de Macri, pero en los primeros dos años de su gobierno, la participación de los trabajadores en el total de riqueza generada se redujo mientras subió la porción en manos de los empresarios, es decir hubo una redistribución del ingreso en favor de las patronales. Según un informe de Cifra, en el período estudiado de 2016 a 2021 los asalariados perdieron $ 7,7 billones de 2021, que equivalen a U$S 70.000 millones (de diciembre del 2021), y detalla que se registró “la mayor la pérdida durante el gobierno actual”. No fue magia, el Gobierno priorizó no afectar los intereses de los grandes empresarios, mientras las condiciones de vida de la clase trabajadora empeoraron.

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