SUPLEMENTO

La Fuerza de las Mujeres contra el Fondo Monetario

Andrea D’Atri

MUJER
Ilustración: @marnedelcu

La Fuerza de las Mujeres contra el Fondo Monetario

Andrea D’Atri

La organización financiera internacional con sede en Washington tiene una particularísima perspectiva de género. Los planes de ajuste que negocia con los gobiernos de los países deudores recaen sobre las espaldas del pueblo trabajador y las más perjudicadas son las mujeres de los hogares más empobrecidos.

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El FMI intenta imponer sus habituales planes de ajuste, pero en la última década, con una particular perspectiva de género; especialmente desde que descubrieron que el incremento de la participación de las mujeres en la fuerza laboral podía hacer que creciera la economía, junto con las ganancias capitalistas. En un artículo publicado en marzo de 2019 en la revista Finanzas & Desarrollo, del FMI, Era Dabla-Norris y Kalpana Kochhar escriben:

Pensábamos que la desigualdad de género era principalmente una cuestión de justicia social. No nos dimos cuenta de que es también una importante cuestión económica hasta que empezamos a indagar en el tema. […] Los estudios del FMI ponen de relieve que la desigualdad de condiciones entre mujeres y hombres impone un gran costo para la economía mundial. Estudios anteriores del FMI sobre la repercusión económica de las brechas de género asumían que tanto hombres como mujeres nacen con el mismo potencial, pero que las disparidades de acceso a educación, salud, finanzas y tecnología, los derechos legales y los factores sociales y culturales impedían a las mujeres realizar ese potencial. A su vez, estos obstáculos a los que se enfrentan las mujeres reducían el talento al que podían recurrir los empleadores. El resultado era una menor productividad y un bajo crecimiento económico. Se estimaba que la pérdida por la falta de participación económica de las mujeres iba del 10 % del PIB en las economías avanzadas a más del 30 % en Asia meridional y en Oriente Medio y Norte de África. Estudios más recientes sugieren que los beneficios económicos de aumentar la participación laboral de las mujeres superan las estimaciones anteriores [1].

El artículo, titulado “Cerrar la brecha de género”, lleva un explícito subtítulo que reza “Los beneficios económicos de aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral son mayores de lo que se pensaba”. Sus autoras –una, jefa del departamento de Finanzas Públicas y otra, directora de Recursos Humanos del FMI– sugieren, entre otras cosas, invertir en infraestructura, apoyar a las mujeres emprendedoras brindándoles un mayor acceso al financiamiento y promover la igualdad de derechos de las mujeres.

Promover el crecimiento económico y la estabilidad mundial requiere comprender los factores macro-críticos subyacentes, incluido el rol de la igualdad de género. La participación de las mujeres en el mercado laboral aumenta el tamaño y la reserva de talento de la fuerza laboral y contribuye a impulsar la productividad laboral y la producción. […] Por tanto, una mayor igualdad de género es fundamental para cumplir el mandato del FMI de promover la estabilidad económica [2].

Como queda a la vista en todas sus intervenciones en diferentes países, el FMI no solo actúa para defender los intereses de los acreedores, sino también para resguardar los intereses del capital globalizado. Sin embargo, los desastrosos resultados de los planes de austeridad que impusieron en distintos países del mundo, para que paguen las deudas durante los ’90, obligaron al organismo internacional de crédito a mejorar su discurso sobre la pobreza, la desigualdad y la equidad de género. Además, este pinkwashing llega al punto de elegir, para sus puestos directivos, a mujeres que hacen gala de preocupación e interés por la igualdad y el desarrollo de sus congéneres.

Ilustración: @marnedelcu

Christine Lagarde, la primera mujer en ocupar la dirección del FMI, cargo que desempeñó desde 2011 y hasta 2019, responsable de los acuerdos con el gobierno de Macri cuando se asumió esta nueva deuda más reciente de la Argentina, se declaraba feminista –a pesar de usar el apellido de su primer marido– y ocupaba el tercer puesto entre las mujeres más poderosas del mundo. "Despreciar la mitad del talento mundial es una pérdida de prosperidad económica para todos", declaró en alguna oportunidad, marcando la pauta de género que rige al organismo. Algo similar piensa su sucesora Kristalina Georgieva, quien asumió el cargo después de ser directora ejecutiva del Banco Mundial. “Si las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres para alcanzar su máximo potencial, el mundo no solo sería más justo, sino también más próspero”, le gusta repetir. Otra vez la prosperidad económica como meta; prosperidad de los grandes capitalistas, se entiende.

Es decir, aproximadamente desde hace una década, el FMI empezó a preocuparse porque los acuerdos de pagos firmados por los países deudores, incluyeran los derechos de las mujeres. Claro que lo que consideran prioritario son los derechos a firmar contratos, a tener cuentas bancarias y a la propiedad privada. En el artículo publicado por el FMI citado anteriormente, las autoras señalan, como ejemplo, las experiencias de Malawi, Namibia y Perú y expresan que para promover la igualdad de género “deben adoptarse medidas para abordar la legislación sobre herencias y derechos de propiedad” [3].

Es que, en muchos países donde el nivel de informalidad laboral es incluso mayor que en Argentina, o grandes sectores de la población no están siquiera bancarizados, el objetivo del FMI se centra –como en la India, por ejemplo– en remover todos los obstáculos que pudiera haber para que las mujeres más pobres accedan a microcréditos y otros financiamientos a sus propios emprendimientos. De este modo, se alienta que las mujeres de los sectores populares se conviertan en “pequeñas empresarias” autoexplotadas, trabajando sin descanso para una economía de supervivencia y, sobre todo, endeudadas de por vida. Una política que también se empezó a promover en América Latina, a través de foros internacionales, de organismos y corporaciones, como lo señalan las autoras de Si nuestras vidas no valen, entonces produzcan sin nosotras.

Si bien retoma el espíritu de políticas orientadas al “desarrollo económico” de las mujeres de países periféricos a través de la generación de políticas de microcréditos, esta agenda retoma su rumbo en el 2018 con el evento del Women-20 que reúne a “mujeres líderes”, empresarias y mandatarias de los países integrantes del G-20 que se realizó en Argentina. Desde estas narrativas, la “inclusión laboral, la inclusión digital, la inclusión financiera”, y el “desarrollo rural” de las mujeres “en situación de vulneración social” era posible a través del fomento del “emprendedurismo” [4].

Pero, como bien advierten las autoras,

Estas modalidades laborales (que aumentaron durante la pandemia), lejos de crear nuevas autonomías económicas, profundizan la precarización laboral. Este panorama se da en una región donde los niveles de informalidad, empleo no registrado, bajos salarios y desempleo siguen siendo altos, principalmente para las mujeres [5].

En ocasiones, como en Jordania, Nigeria y otros países en los que intervino el FMI, también manifiesta preocupación por el trabajo de cuidados no remunerado, que recae mayoritariamente sobre las mujeres, e interés por la creación de infraestructura adecuada para el cuidado y educación de niñas y niños, además de licencias y otras medidas. Pero su objetivo no es el reconocimiento de este trabajo gratuito, sino uno bastante más sórdido: remover las limitaciones que las mujeres puedan tener para ser explotadas en el mercado laboral. Incluso calcularon que si se reduce y se redistribuye el trabajo no remunerado, con un poquito de gasto público en algo de infraestructura para el cuidado, podría haber ganancias económicas que sumarían hasta el 4 % del PBI [6]. En el FMI imaginan que estos mismos servicios podrían prestarlos empresas privadas subcontratadas por el Estado, que explotan a otras trabajadoras con bajos salarios y condiciones precarias, como también organizaciones comunitarias que garantizan comedores y otras prestaciones sociales, al límite de la pobreza.

Incluso, a veces impulsan que el Estado favorezca desgravaciones fiscales para las familias que contratan trabajadoras de casas particulares, similares a la política que ha hecho recientemente el gobierno de Alberto Fernández. En el caso argentino, una medida anunciada con bombos y platillos a favor de las empleadas, pero que no ha tenido un impacto significativo en la regularización del sector que está conformado por el 16,5 % del total de las mujeres ocupadas y el 21.5 % del total de las asalariadas, aunque aproximadamente el 70 % sigue trabajando sin aportes patronales, ni derecho a vacaciones, indemnización por despido ni obra social. Incluso, su salario es tan bajo que ni siquiera los subsidios a los patrones resultan un incentivo para que estos accedan a regularizar a las contratadas.

En ningún documento del FMI se mencionan los derechos laborales de las mujeres. Mejor dicho, cuando se habla de alentar su participación en el mercado de trabajo, no hay ni una palabra sobre el derecho a sindicalizarse u organizarse colectivamente, pero en cambio se sugieren modificaciones en los impuestos patronales y en las prestaciones sociales. En resumen, mayor flexibilización y precarización laboral para las mujeres y más favores a los empresarios. Queda claro que la perspectiva de género que tiene el FMI no es la misma que la de los movimientos de mujeres de América Latina que, en los últimos años, protagonizaron importantes movilizaciones en la región.

En el memorándum firmado por el FMI con Argentina en junio de 2018, en el punto C titulado “Apoyo a la equidad de género”, el gobierno se proponía “lograr que las mujeres argentinas puedan desarrollar todo su potencial no solo es una cuestión moral sino que también tiene sentido desde el punto de vista económico” [7]. En tal sentido, el gobierno se comprometía a:

Trabajar para reformar el actual sistema tributario reduciendo los desincentivos para que las mujeres participen del mercado laboral; continuar implementando nuestros proyectos e iniciativas en acciones para promover igual paga y un sistema más equitativo de licencias de paternidad y maternidad; continuar construyendo infraestructura para el cuidado de niños y educación de la primera infancia; exigir a las empresas que cotizan en bolsa que publiquen anualmente datos sobre el equilibrio de género en su Directorio y entre sus puestos gerenciales; continuar trabajando en nuestras iniciativas para luchar contra la violencia de género y violencia doméstica y proporcionar redes de apoyo para las víctimas de dicha violencia [8].

Lo primero es claro: como ya mencionamos más arriba, quitar gravámenes a las patronales que los “desincentivan” a contratar mujeres. Nada más y nada menos que trabajo flexibilizado. Hay otras medidas que parecen superfluas, como la de monitorear el “techo de cristal” de las gerencias y los directorios de las empresas que cotizan en bolsa. Pero hay otros postulados –como la construcción de infraestructura para el cuidado, etc.– que, aunque puedan sonar muy bien, se plantean simultáneamente con la exigencia del FMI de reducir el gasto fiscal, es decir, reducir el empleo público, posponer proyectos de obras públicas, reducir el gasto en la adquisición de bienes y servicios. Una verdadera contradicción en los términos.

Actualmente, por la gestión del gobierno de Alberto Fernández -que no se puede adjudicar enteramente a las condiciones de la pandemia, sino a las opciones que se decidieron tomar en ese marco-, la tasa de precarización laboral extrema llega al 44 %. Pero si se desagregan los datos por género, vemos que ese porcentaje supera el 50 % para las mujeres y está muy cerca del 70 % para la juventud. Desde el gobierno de Macri a esta parte, el salario de esta enorme masa de trabajadoras y trabajadores informales cayó un 31,4 % y la jubilación mínima –que es la que tiene la inmensa mayoría de las mujeres– un 27,3 %.

Sin embargo, el FMI siempre exige reformas estructurales. Así lo hizo durante su intervención en la crisis argentina de 2001, como lo hizo antes en México en 1982 y 1995, en la crisis asiática de 1997 o la crisis europea con epicentro en Grecia de 2008. Los créditos incluyen como condición la obligación de avanzar en reformas de la legislación laboral, permitiendo que avancen la flexibilización y la desregulación, como también la privatización de servicios públicos y otras políticas que impactan directa o indirectamente en los derechos laborales. Su política es tan agresiva que, incluso, ha originado un debate en el Derecho internacional, por las contradicciones jurídicas y normativas que se generan con las exigencias de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las que generalmente se resuelven a favor del FMI. Como ejemplifica la profesora Natalia Delgado, de la Universidad de Southampton:

Argentina es un testigo histórico de esta fragmentación. Por un lado, el país tiene una sólida legislación laboral heredada mayoritariamente de las luchas obreras en diferentes momentos históricos. Asimismo, ha ratificado un número considerable de Convenciones de la OIT. Por otro lado, el Estado argentino ha contraído sistemáticamente deuda con el FMI, quien impuso severas condiciones laborales desmantelando derechos fundamentales de los/as trabajadores/as del país y poniendo en jaque las obligaciones internacionales del Estado con la OIT [9].

Y, aunque en esta ocasión, el FMI no lo pida explícitamente entre los puntos del acuerdo que está discutiendo con el gobierno argentino, hay que considerar que la reforma previsional ya se viene haciendo, ajustando los ingresos de jubiladas y jubilados varias veces. La última, mientras se aprobaba la legalización del aborto en diciembre de 2020: maniobra espuria que se quiso hacer pasar disimuladamente, mientras nos movilizábamos por el aborto legal. Por otra parte, la reforma laboral por la que se relamen los derechistas de la oposición, las cámaras empresariales y la unión industrial no saldrá del Congreso, pero ya se está intentando hacer pasar por convenio, como lo hace Toyota, con el aval de la burocracia sindical del SMATA.

La deuda es con nosotras

La precarización laboral, la brecha salarial, la falta de servicios públicos e instituciones que permitan disminuir la carga de las tareas domésticas y de cuidados son algunas de las causas de la desigualdad en la que se encuentran las mujeres. Sin embargo, aunque el FMI incluya algunas de estas cuestiones en su nueva retórica de género, decide ignorar que esa brecha respecto de los hombres, en distintas áreas, es la misma que se observa entre las mujeres que tienen los ingresos más bajos y las que se encuentran entre quienes perciben los más altos. En sus informes, las diferencias de clase se difuminan en un promedio general que impide tener un diagnóstico certero de cuáles son las necesidades de las mujeres en situaciones más vulnerables. Y es en estos sectores, donde el trabajo doméstico y de cuidados que crea una riqueza social no contabilizada en la economía nacional, es –como ya lo señalamos en otro artículo– un factor fundamental para entender el empobrecimiento.

Mientras la tasa de actividad de los hombres supera el 70 %, las mujeres apenas alcanzan el 50%. Pero si observamos esa misma tasa entre las mujeres que viven en los hogares con mayores ingresos, notamos que se ubica por encima del promedio, con un 62 %, mientras la actividad de las mujeres de los hogares más empobrecidos, no llega al 42 %. Cifras que admiten una correlación con las que encontramos si analizamos las horas dedicadas, en estos hogares, al trabajo no remunerado para la reproducción social de la familia. Mientras en el extremo con menores ingresos, las mujeres dedican más de 8 horas diarias, en promedio, al trabajo doméstico y de cuidados, en el otro extremo, dedican 4,5 horas.

Sus trabajos precarios, a tiempo parcial o por horas consolidan un promedio salarial de apenas 36 mil pesos, bastante menos de lo que se requiere para cubrir la canasta básica de un hogar de tres personas. La decisión de destinar cada vez más recursos al pago de la deuda ilegítima y fraudulenta implica reducir o eliminar la provisión de servicios esenciales para la reproducción de la vida y obliga a las mujeres a incrementar sus horas de trabajo no remunerado a expensas de su actividad asalariada.

No es difícil imaginar, entonces, que en esta situación, las mujeres de los sectores populares sean las más afectadas por la crisis de la vivienda, como lo evidencia su protagonismo en las tomas de tierra que se esparcen por todo el país. Mientras las fuerzas policiales comandadas por Berni en la provincia que gobierna Kicillof o en la ciudad más rica del país, donde gobierna Rodríguez Larreta, reprimían salvajemente a mujeres, niñas y niños, para favorecer la especulación de grandes grupos inmobiliarios, el ministro de Economía, Martín Guzmán desembolsaba 4.600 millones de dólares al FMI. Una cifra que equivale a la construcción de 131 mil viviendas. Lejos de eso, Guzmán ya anticipó que pagará otros 1.900 millones de dólares para fin de año.

Desendeudadas nos queremos

¿Y cuáles son las consecuencias de la exigencia de déficit cero que hace el FMI? El achicamiento del déficit fiscal implica la reducción de subsidios a las empresas privatizadas de servicios. Sin embargo, lejos de afectar la extraordinaria rentabilidad de estas empresas de telefonía y energía, seguramente tendremos nuevos y mayores tarifazos, que intentaron evitar en medio de la campaña electoral, aumentando hasta un 125 % las transferencias por subsidios a estas compañías, en el mes de octubre. También se debate si la devaluación que exige el FMI será abrupta o gradual. Sea como fuere, se beneficiarán los exportadores, los bancos y las grandes empresas, mientras perderán los salarios. Y redundará en un mayor recorte del gasto en prestaciones sociales, que ya sufrió una quita del 14 % en el presupuesto de este año.

El gobierno heredero del matrimonio de los “pagadores seriales” se debate entre pagar sin retaceos o pagar haciendo algún acuerdo; sin embargo, es posible ponerle un freno al saqueo infinito de la deuda. Investigar los fraudes es el primer paso para imponer el desconocimiento soberano de la deuda que es ilegítima y odiosa, mediante la movilización popular. Impedir la fuga de capitales y el caos económico con medidas de defensa de los recursos nacionales, como la nacionalización de la banca y el monopolio estatal del comercio exterior bajo control del pueblo trabajador, requerirá de una lucha que, seguramente, tendrá a las mujeres en la primera fila. Porque somos las mujeres organizadas y movilizándonos en las calles masivamente las que plantamos el grito de “Ni una menos” en todo el país y más tarde, inundamos todo de verde hasta conquistar la legalización del aborto. Porque somos las mujeres quienes ya estamos resistiendo la precarización laboral y los bajos salarios en Salud, las que encabezamos las grandes movilizaciones contra el extractivismo contaminante en la Patagonia, el Noroeste, Cuyo o Buenos Aires, las que enfrentamos la brutal represión policial con que se desalojan las precarias casillas de las que reclaman tierra para vivir. Porque somos las mujeres de los movimientos sociales, de los barrios populares y de la izquierda las que, en el Día de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, nos movilizamos exigiendo “Basta de femicidios, travesticidios y violencia machista. No al ajuste del FMI y los gobiernos”.

“Hoy la Argentina no está en condiciones de pagar la deuda con el FMI. Lo que decimos nosotros es que una vez más no puede pagar, ¿por qué no la pagan quienes la generaron?”, inquirió Myriam Bregman en una entrevista. Y agregó: “Nos tienen que explicar cómo la receta que es endeudar y fugar y, que en forma cíclica, va generando crisis económicas y sociales, esta vez va a tener un resultado diferente. Los acuerdos con el FMI siempre fracasan, el tema es quién lo paga” [10]. Una Fuerza de Mujeres se dispone para el combate contra el futuro impiadoso que nos deparan el Fondo Monetario y los gobiernos que pretenden pagar la deuda con el hambre y la miseria del pueblo trabajador y la vida, cada vez más precarizada, de las mujeres.

NOTAS AL PIE

[1Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar (2019), “Cerrar la brecha de género. Los beneficios económicos de aumentar la participación de las mujeres en la fuerza laboral son mayores de lo que se pensaba”, F&D, Washington, FMI.

[2FMI (2018), How to Operationalize Gender Issues in Country Work, traducido y citado por Diane Elson y Corina Rodríguez Enríquez en "Del dicho al hecho: la narrativa de género del FMI y los derechos humanos de las mujeres", revista Derechos en Acción, año 6/N.º 18, 2021. Las autoras señalan, además, que el FMI, recién en 2014, inició un proyecto de investigación “centrado en cómo una presupuestación sensible al género puede hacer que el gasto público sea más eficiente y más equitativo”

[3Era Dabla-Norris, Kalpana Kochhar (2019), op. cit.

[4Alejandra Santillana Ortíz, Flora Partenio y Corina Rodríguez Enríquez (2021), Si nuestras vidas no vale, entonces produzcan sin nosotras. Reflexiones feministas sobre la violencia económica, Buenos Aires, Fundación Rosa Luxemburgo.

[5Ídem.

[6Cristian Alonso, Mariya Brussevich, Era Dabla-Norris, Yuko Kinoshita, y Kalpana Kochhar (2019), “Reducing and Redistributing Unpaid Work: Stronger Policies to Support Gender Equality”, FMI.

[7Memorándum de Políticas Económicas y Financieras, 12 de junio de 2018. Publicado en https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/argentina_loi_-_mefm_-_tmou_-_espanol.pdf.

[8Ídem.

[9Natalia Delgado, “La disolución de los antagonismos entre el FMI y los derechos laborales”, revista Derechos en Acción, año 6/N.º 18, 2021. Más adelante, Delgado señala que “Durante el gobierno del presidente Menem (1989-1999) se impuso un modelo económico emblemático por sus reformas neoliberales, a través de la introducción de 20 proyectos de reformas laborales ideados para disminuir los costos de la contratación de mano de obra”

[10Puede verse la entrevista completa en https://www.youtube.com/watch?v=ncjbWOGrmtI.
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Andrea D’Atri

@andreadatri
Nació en Buenos Aires. Se especializó en Estudios de la Mujer, dedicándose a la docencia, la investigación y la comunicación. Es dirigente del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Con una reconocida militancia en el movimiento de mujeres, en 2003 fundó la agrupación Pan y Rosas de Argentina, que también tiene presencia en Chile, Brasil, México, Bolivia, Uruguay, Perú, Costa Rica, Venezuela, EE.UU., Estado Español, Francia, Alemania e Italia. Ha dictado conferencias y seminarios en América Latina y Europa. Es autora de Pan y Rosas. Pertenencia de género y antagonismo de clase en el capitalismo (2004), publicado en Buenos Aires y reeditado en San Pablo, Caracas, Barcelona, México, Roma, Berlín y París y compiladora de Luchadoras. Historias de mujeres que hicieron historia (2006), reeditado en San Pablo, Caracas y Barcelona.
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