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Red Internacional

Centroamérica.Este 7N elecciones en Nicaragua a la medida del Gobierno Ortega-Murillo

Este 7 de noviembre Nicaragua va a elecciones presidenciales y legislativas donde el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo se encargaron de ajustarla a la imagen y semejanza de su autoritarismo político en curso. Sacó de la contienda a los principales partidos de la oposición burguesa y sus figuras más representativas llevando como contrincantes a organizaciones calificadas como “pequeños partidos satélites” que le asegurarían su tercera reelección. A la par Estados Unidos ha aumentado su injerencismo y amenazas junto a la Unión Europea, estando el pueblo trabajador, popular y campesino de Nicaragua bajo el fuego cruzado de la política represiva de Ortega y la injerencia imperialista y sus partidos afines.

Milton D'LeónCaracas / @MiltonDLeon

Sábado 6 de noviembre de 2021 | 15:38
Daniel Ortega y la vicepresidenta, Rosario Murillo. Fotografía EFE/Jorge Torres /ARCHIVO

La crisis en Nicaragua se remonta al 2017 con el inicio del debilitamiento de la economía, luego de toda una etapa de pactos desde el 2007 con las élites empresariales así como buena parte de los partidos que hoy se oponen al gobierno. En ese tiempo primaron las medidas antipopulares y conservadoras así como represivas que favorecieron a todos estos sectores que terminaron deslindándose tras considerar que se agotaba un ciclo donde Ortega les era funcional a sus intereses.

Pero el punto de quiebre fue la rebelión obrera, popular y campesina del 2018 frente a los nuevos ataques del gobierno y la situación agobiante de pobreza pues del período de crecimiento anterior el pueblo trabajador no vio beneficios. Ortega derrota esta revuelta con centenas de muertos, miles de heridos y encarcelados, donde los que más la sufrieron y la sufren son los obreros, los campesinos, la juventud y las grandes mayorías populares. Se acentuó también la injerencia del imperialismo, la ilegalización de partidos y de representantes de la oposición burguesa que otrora apoyaron al gobierno, para allanar el camino para la reelección presidencial a la dupla Ortega-Murillo.

Unas elecciones a la medida

Durante las elecciones de este domingo, además de las presidenciales también se elegirán 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados del Parlamento Centroamericano. El Consejo Superior Electoral (CSE) ha legalizado a la Alianza Unida Nicaragua Triunfa, encabezada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) con Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, como candidatos, y a seis pequeños partidos más con poca representatividad: el Partido Liberal Independiente (PLI), el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Camino Cristiano Nicaragüense (CCN), la Alianza por la República (Apre), y Yatama (Hijos de la madre tierra, en lengua miskita), este último solamente en la costa Caribe.

Quedaron por fuera tres partidos políticos de oposición burguesa, el Partido Conservador, el Partido Restauración Democrática (PRD) y el Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) supuestamente por violar la Ley Electoral. Además, al menos siete opositores aspirantes a la Presidencia fueron encarcelado acusados por presunta “traición a la patria” y otros dos huyeron al exilio. Por eso es que se dice que "en las próximas elecciones Ortega se enfrenta a Ortega", al considerarse al resto de los partidos que se presentan como “partidos zancudos”, una expresión de la época del somocismo de los años 50 donde el padre del derrocado Anastasio Somoza se construía una oposición afín para mantener su dictadura.

Una de las figuras más importantes que dejó por fuera fue Cristiana Chamorro —del partido CxLi, alrededor de la cual la oposición buscaba repetir la experiencia de su madre, Violeta Barrios de Chamorro, que derrotara a Ortega en las elecciones de 1990 aglutinando a todos los partidos de la oposición burguesa y con el apoyo del imperialismo gobernando hasta 1997. Cristiana fue puesta bajo arresto domiciliario e inhabilitada para participar en los comicios por un caso de presunto lavado de activos.

También en junio fueron detenidos otros dos precandidatos presidenciales: Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro por presuntamente haber incitado a la injerencia extranjera, y así se fueron sumando otras precandidaturas a la presidencia que quedaron en el camino.

Las acusaciones centrales de Ortega contra estos sectores fueron "incitar a la injerencia extranjera en los asuntos internos" y "pedir intervenciones militares" contra el Gobierno, amparándose en la Ley No 1055 conocida como “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz”. Esta ley, creada por Ortega mismo y aprobada en la Asamblea Legislativa que controla el orteguismo, lejos de la “soberanía” y “autodeterminación” que lleva en su nombre, fue diseñada para políticas que le fueron permitiendo inhabilitar el derecho de diversos dirigentes de la oposición a postularse a cargos de elección popular.

Esa oposición también le reclama a Estados Unidos una intervención más activa contra el gobierno Ortega-Murillo. Busca que Washington apunte a la jerarquía del régimen con fuertes sanciones y que recorte la participación nicaragüense en el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y los Estados Unidos (CAFTA).

En ese camino también Ortega consiguió tener el control total del proceso electoral y para ello redobló todos los mecanismos sobre el Consejo Supremo Electoral (CSE) y endureció las condiciones en la Ley Electoral en mayo de este año, para terminar organizando un proceso electoral a su medida, que le garantiza un nuevo periodo presidencial.

De acuerdo a la última encuesta de CID Gallup de mediados de octubre, la dupla Ortega-Murillo viene en una situación debilitada con apenas un apoyo del 19% de la población. Pero Ortega no juega solo en toda esta etapa, cuenta con el respaldo total de la Policía Nacional y con la complicidad de las Fuerzas Armadas.

El distanciamiento de las grandes élites económicas y la rebelión obrera y popular de abril del 2018

Nicaragua viene de una gran rebelión obrera y popular que explotó el 19 de abril del 2018 y se extendió por más de tres meses, sacudiendo a todos los rincones del país. Fue aplastada por el Gobierno de Ortega con saña y represión y hasta con el uso de fuerzas paramilitares, dejando como saldo alrededor de 400 muertos. Fue a puro fuego represivo que Ortega y su esposa Rosario Murillo -que ejerce un papel central en el Gobierno- retomaron el control del país en una situación en la que parecía por momentos tambalearse dada la magnitud de las protestas que no se veían con ese alcance y profundidad desde 1979.

La política de Ortega no solamente ha sido de represión, sino también de aplicación de políticas económicas completamente antipopulares, que lo caracterizaron incluso desde la llegada nuevamente al poder en su segunda etapa de gobierno en el 2007 y en la que se ha mantenido ininterrumpidamente por cuatro períodos. Este retorno lo hizo con gran acuerdo de las cámaras empresariales, la cúpula de la Iglesia Católica, llevando acabo acuerdos incluso con el FMI, y lo hacía sobre el desgaste de los gobiernos anteriores de los partidos de la derecha que venían de aplicar también políticas anti obreras y marcados por la corrupción.

Durante una década, los grandes empresarios apoyaron las reformas políticas y económicas impulsadas por Ortega. Esta alianza fue calificada por algunos analistas como una especie de cogobierno de facto. Se trataba de los pilares del gran capital nicaragüense que se han erigido en torno a unas pocas familias muy poderosas con una marcada influencia en el sector bancario y agroindustrial.

Era una total convivencia con representantes de la alta burguesía como Carlos Pellas, el hombre más rico del país y presidente del Grupo Pellas, que aglutina a 25 empresas con inversiones en el sector bancario, telecomunicaciones, bienes raíces, industria automotriz, turismo, licores y agroenergía. También Ramiro Ortiz, presidente del Grupo Promérica, dedicado principalmente al sector financiero, con presencia en nueve países y propietario del banco Banpro, con inversiones en el sector agroindustrial e inmobiliario. Roberto Zamora, presidente del Grupo Lafise, un holding especializado en servicios bancarios y financieros, con inversiones en 11 países.

También en los acuerdos se destacaba José Baltodano, presidente de Mercon Coffee Group, una de las principales empresas de café del mundo, Juan Bautista Sacasa, presidente del Banco de Finanzas (BDF), Piero Coen, exembajador del gobierno de Ortega y presidente del Consejo del Grupo Coen, dedicado a las finanzas, el sector agroindustrial y los bienes raíces, y así muchos otros. Todo un período donde Ortega garantizó condiciones favorables a los grandes capitales y que abrieron las puertas a las inversiones nacionales y extranjeras, con exoneraciones de todo tipo de impuestos.

Pero llegó la crisis a partir del 2017, en primer lugar porque se debilitaba la cooperación venezolana producto de la catástrofe económica que enfrentaba el Gobierno de Maduro. Antes de 2017, Venezuela, vía acuerdos comerciales y políticos, le permitió la realización de importantes negocios que beneficiaban más a los grupos económicos que al pueblo nicaragüense abriéndose un escenario económico donde el continuo crecimiento que había caracterizado a Nicaragua comenzó a extinguirse. Un crecimiento donde las grandes mayorías trabajadoras y populares no vieron ningún beneficio, pero sí las grandes fortunas que permanecieron con su fuerza económica.

Fue el momento en que estas élites económicas ya no consideraron funcional a Ortega, e incluso hablaron del “agotamiento del ciclo” o del modelo con el cual se habían beneficiado, y comenzaron a sacarle su respaldo. Aunque es previsible que tras las elecciones y en los próximos meses se realice una negociación entre las grandes empresas y gremios económicos con el Gobierno, será difícil revivir la situación del ciclo iniciado en el 2007.

Si a esto sumamos los largos años de gobiernos ininterrumpidos, la corrupción rampante, el agotamiento político de un régimen que ya no se sustentaba sobre las bases antes mencionas, el empobrecimiento del pueblo, lo que llevaba a aplicar medidas de ajuste del FMI, es lógico que se llegara a una de las rebeliones más importantes de las últimas décadas como la del 2018.

Tras aplastar la rebelión vinieron los acuerdos de los principales partidos políticos opositores vía las mesas de diálogo, que terminaron de sacar al movimiento de masas de las calles pues ellos mismos le temían a las revueltas. Además de los muertos, el saldo fue de miles de heridos y encarcelados de los grandes sectores populares.

Fue el momento en que los más importantes partidos terminaron de distanciarse, buscando constituir entre ellos bloques y alianzas que, producto de sus propias diferencias y a pesar del auspicio de la embajada de Estados Unidos, no prosperaron. Entraron así en un período de fuertes divisiones, que luego fue facilitando el trabajo de Ortega.

El papel de Estados Unidos en la crisis nicaragüense y su discurso de la “democracia”

No es por las penurias de las grandes mayorías trabajadoras, populares y campesinas nicaragüenses, menos por sus derechos democráticos elementales, por las que interviene Estados Unidos y las potencias europeas. Lo hace para continuar dando empuje a la oposición más afín a sus políticas, cuestión que ha venido intensificando desde el 2018 buscando organizar a la oposición interna, un trabajo difícil debido a sus fuertes divisiones.

Recordemos que, cuando se conformó la Coalición Nacional (CN), esta fue un proyecto financiado y diseñado por la embajada estadounidense para reunir en un solo bloque a toda la oposición que se venía conformando, sobre todo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) que incluía a la principal patronal del país, la Cosep, y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considerada en su momento una de las más amplias de todas, movimientos creados al calor y luego de las protestas de Nicaragua en abril del 2018 y a los demás grupos dispersos de oposición. Bloques que luego entraron en crisis y configurando toda una oposición bastante dividida.

Bajo el demagógico discurso de la democracia, a finales de 2018, el Congreso de EE.UU. aprobó un proyecto de ley conocido como Nica Act, que ordena a funcionarios estadounidenses de las instituciones multilaterales de crédito usar su influencia para detener la financiación a los organismos estatales nicaragüenses. La iniciativa fue convertida en ley por el entonces presidente Donald Trump.

En el último año, bajo la Administración de Joe Biden, el Departamento del Tesoro impuso sanciones a decenas funcionarios nicaragüenses y sus familiares, así como a allegados a Ortega, entre ellos su hija, Camila Antonia Ortega Murillo. Y en previsión de la jornada electoral, el Congreso estadounidense aprobó finalmente la denominada ley "Renacer" (Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral), que permitirá aumentar las sanciones al Gobierno de Ortega.

En la misma acera se situó la Unión Europea, que abrió la puerta a adoptar nuevas sanciones. "Tenemos en vigor un régimen de sanciones contra Nicaragua y está constantemente en revisión. No excluimos tomar nuevas decisiones", dijo este miércoles 3 de noviembre Peter Stano, el portavoz del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE).

Por un curso independiente de los trabajadores, los grandes sectores populares y los campesinos pobres

Los trabajadores, campesinos y las grandes mayorías populares de Nicaragua están bajo fuego cruzado. Por un lado, la política de Estados Unidos que empezó a maneja un discurso demagógico hablando de “democracia” apoyando a sus partidos afines en Nicaragua, y por el otro lado enfrenta la represión inclemente del gobierno de Ortega-Murillo, que no solo ha desarticulado a la oposición burguesa como hemos señalado, sino que ha mantenido a raya al pueblo trabajador, campesino y popular.

En Nicaragua hay que pelear por la defensa de las libertades democráticas y contra todos los mecanismos de proscripción que ha implementado el régimen orteguista para estas elecciones presidenciales y legislativas. Hay que estar por la libertad de todos los presos políticos, siendo que el grueso son centenares de detenidos de la rebelión del 2018, la gran mayoría oriundos de los sectores obreros, populares, campesinos, de la juventud. Hay que pelear por el más pleno derecho a la libertad de expresión y de asociación social, política y sindical.

En estas elecciones no hay opción para las grandes mayorías explotadas y oprimidas. En la actual situación, solo un curso independiente de los trabajadores, los grandes sectores populares y los campesinos pobres con su movilización pueden marcar el camino. Pero el pueblo trabajador, campesino y de la juventud, para enfrentar y sacarse de encima al Gobierno autoritario y represivo de Daniel Ortega y Rosario Murillo, no puede sentar sus aspiraciones en la salida que le presentan los bloques de la oposición burguesa, que representan los intereses de los grandes grupos económicos, amparados y representantes de los intereses del imperialismo yanqui en el país.

Es el de la mano de la clase trabajadora, de las mayorías popular, de los campesinos y la juventud que se podrá llevar una lucha hasta el final para terminar con Ortega, y su camino es retomar las jornadas de rebelión y las demandas planteadas en el 2018, basándose en la autoorganización y poniendo en pie organismos independientes confiando únicamente en sus propias fuerzas.




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