Géneros y Sexualidades

Trata /Violencia de Género

Denuncian caso de trata en Córdoba

Familiares, amigos y ex profesores de Nora denuncian la inacción judicial ante lo que señalan como un nuevo caso de trata en la provincia. Instan a que la Fiscalía N° 2 del la Justicia Federal, donde está radicada la causa, actúe conforme los protocolos vigentes y una perspectiva de género que proteja los derechos de la víctima y su familia.

Laura Vilches

Concejala PTS - FIT Córdoba. Legisladora provincial PTS-FIT (mandato cumplido) | @VilchesLaura

Sábado 20 de junio | 20:08

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En un comunicado elaborado por familiares, docentes y amigos de Nora (nombre ficticio para preservar la identidad de la víctima) denuncian la inacción y los descuidos en el tratamiento de la causa por parte de la Justicia Federal en la provincia, precisamente la Fiscalía n° 2 del Fuero Criminal que aborda delitos federales.

Según denuncian, las condiciones en las que Nora ha desenvuelto su vida en los últimos meses, responde a todas las características que presentan los casos de trata: un conocido entregador, un hombre que indaga y “machaca” sobre las vulnerabilidades de la mujer, el supuesto “enamoramiento”, alejarla de los vínculos familiares y provocar el aislamiento, el sometimiento físico, psicológico y hasta la tortura.

“Consideramos que es un evidente caso de trata, en el cual se utilizan las drogas como forma de generar y mantener la relación de dependencia y dominación, acostumbrándola a vivir en condiciones cada vez más precarias. ’Nora’, más de una vez solicitó alimento a su familia, manifestado que no había comida en la casa de ’EG’”, señalan sus familiares en un comunicado.

Sin muerta o desaparecida ¿no hay víctima?

La peculiaridad que presenta este caso, es que la víctima no está desaparecida o muerta y quizás sea ésta la perversa razón por la que la justicia patriarcal decidió no investigar, como exige la familia, como caso de trata. No es ninguna novedad. Hace apenas unos años, pretendían que el caso de la desaparición de Yamila Cuello, el único caso investigado como trata en la provincia, pasara a ser considerado como homicidio, algo que fue desestimado producto de la lucha.

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Abogada y familiares denuncian peligro de vida. Sin embargo, como la víctima no está desaparecida porque la familia y sus allegados han logrado mantener lazos y presentaron diversas denuncias, el Fiscal General Itinerante Carlos María Casas Noblegas, decidió no ejecutar el procedimiento que se establece para las investigaciones por presunta trata de personas conforme el artículo 6 de la Ley nacional n° 26842.

La causa se tramita en la Fiscalía Federal N° 2, ya que luego de “peregrinar” por numerosas oficinas de la justicia y de organismos de salud pública, finalmente el 3 de junio de 2020, a la familia le aceptaron la denuncia por trata de personas. El 5 de junio se produce el allanamiento del departamento de ‘EG’ y el rescate de ‘Nora’ que queda internada en el IPAD (Instituto Provincial para el Alcoholismo y la Drogadicción).

A pesar de que la causa está denunciada como trata, el allanamiento no fue realizado bajo los protocolos correspondientes, como por ejemplo, el secuestro de todos los dispositivos electrónicos (teléfonos, computadoras, etc.) o la constatación del estado de ‘Nora’ por medicina forense, para verificar su condición de su salud, gravemente deteriorada.

Así lo manifiesta la abogada Natalia Bilbao, en una entrevista a Radio Universidad. Allí refiere que fue convocada por la familia de ‘Nora’ porque “advertían que desde que había empezado a vincularse con esta persona , que se inicia con una modalidad de captación, que es lo que tipifica el delito de trata”. En la misma entrevista, aclara que el delito de trata incluye el delito de captación, ya que “es parte de un proceso en que la víctima se aleja de sus lazos afectivos, se la somete a métodos humillantes".

Como se estipula en la Ley nacional n° 26842 (que modificó en 2012, la n° 26364, ampliamente cuestionada por el movimiento de mujeres) la trata es un delito complejo que “implica el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación” en cuyo artículo 1°, inciso “c” se detalla que comete delito cualquiera que “promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos”.

Tal como manifestó ‘Nora’ a sus familiares y consta no sólo en la causa judicial sino también hecho público en el comunicado: "‘EG’ la lleva a fiestas para que tenga relaciones sexuales con hombres amigos de él y luego la pasa a buscar. También ha contado que lo ha acompañado a visitar “narcos”, aclarando que no sabía si iban "a comprar o a vender".

Resuenan los ecos de la denuncia de Soledad Cuello, hermana de Yamila, en estas palabras. Como a Nora, la entonces pareja de Yamila, Néstor Simone, la maltrataba y ofrecía sexualmente a conocidos, para saldar sus deudas de juego.

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Trata o dependencia emocional: dos formas de la violencia machista

En el comunicado, se da cuenta de las condiciones de Nora del siguiente modo: “la situación de dependencia se agrava, dado que “Nora” dejó su trabajo haciendo delivery de comida, por lo que termina dependiendo económicamente de ‘EG’, quien le provee drogas, alcohol y escasa comida. El cuerpo y la psiquis de ‘Nora’ se van deteriorando. Ha llegado a la casa de su familia con lastimaduras, quemaduras de cigarrillos en la espalda, rengueando y sucia. Adelgazó de forma preocupante.”

En la misma entrevista mencionada, Bilbao aclara que el delito de trata incluye, como se señaló más arriba, el delito de captación, ya que dos modalidades concurren para su consumación: “una relación aparentemente sentimental, algo que es sumamente habitual y por el otro lado, la facilitación o inducción a sustancias adictivas, que esta joven tenía como predisposición, entonces hacer mucha fuerza en eso para poderla captar. Una vez que una joven así está captada, empieza un proceso de ir minando su voluntad, su autoestima, sus proyectos de vida. Si bien no estuvo privada absolutamente de su libertad, si estuvo sometida a situaciones en las cuales no había libre decisión.”

Luego, Bilbao señala algo de relevancia para la causa: “el delito es un delito de mera actividad. ¿Qué significa esto? Que la figura establece una serie de acciones que con la sola configuración de una de ellas, el delito se está cometiendo.”

Así lo estipula el mismo artículo primero de la Ley 26842 se indica que “El consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

Según la abogada, todo esto ha sido demostrado y consta en la causa que lleva la fiscalía interviniente, luego de que les tomaran la denuncia. “Con la familia estuvimos peregrinando por varios lugares porque habíamos logrado una primera internación de la cual ella había salido muy bien, pero volvía a recaer, porque si bien la situación era presumible, no estaba claro. Hay una segunda internación breve previa a la pandemia, pero ya con el contexto de la cuarentena, el contacto con la familia es casi nulo, entonces (‘Nora’) ya queda muy sometida a este hombre, y es ahí donde peregrinando en distintas oficinas para ver cómo abordar esta situación de peligro que era evidente. Porque ya había un deterioro psicofísico muy grande, nos dicen que hagamos la denuncia en la justicia federal porque esto ya presenta características de un caso de trata”.

Amigos de ‘Nora’ señalan, además, que el modo de encarar la causa manifiesta una preocupante naturalización de la violencia de género, ya que no da cuenta de que tras el proceso de "ablande" típico de las redes de trata la víctima sigue siéndolo, aún pese a manifestar tener una “relación sentimental” con el EG, denunciado como victimario. El fundamento de esto que plantean familiares y allegados de ‘Nora’ es que no hay consentimiento ni libertad posible si ella está siendo violentada por una red de trata.

Como agrega la abogada de la familia, la perspectiva de género es imprescindible para el abordaje de una causa como esta en que “la despersonalización es parte de ese proceso donde la víctima no se ve como víctima”.
Esto deviene, según señalan, en que el Fiscal General Carlos María Casas Noblegas desestima tanto el relato de los hechos que realizaron la familia y su abogada, como las pruebas que aportaron a la causa que, incluyen desde capturas de pantalla, audios donde el denunciado amenaza a la familia por haber iniciado el proceso judicial, así como “un video muy fuerte que da cuenta de la situación en la que se encuentra esta joven”.

Estamos, entonces, ante una doble vulneración de los derechos de las mujeres, ya sea que se trate de un caso de trata o de violencia machista contra Nora. Parece que la justicia sólo se dedica a investigar estos hechos cuando el desenlace es irremediable, tras la desaparición o la muerte.

Responsabilidad judicial y estatal ante el delito de trata

Considerar que la justicia actúa por fuera de la perspectiva de género sería constatar un hecho evidente, si no fuese porque sobran las muestras de que las redes de trata no podrían funcionar sin la complicidad policial, del poder político y de la justicia misma. De hecho, la familia denuncia que EG, señalado como presunto partícipe de una red de trata, posee estrechos vínculos con el poder judicial provincial.

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Por más demagogia punitiva que el gobierno del PJ en la provincia haya intentado, no son pocas las familias de las mujeres desaparecidas que siguen reclamando por ellas y denunciando la responsabilidad estatal en todos los órdenes: judicial, policial, ministerial. Jimena Natalí Arias, Yamila Cuello, Delia Gerónimo Polijo, Marisol Reartes, Silvia Gloria Gallardo siguen desaparecidas.

Debido a esta experiencia con las instituciones estatales, las organizaciones de mujeres, reunidas en la Asamblea Ni Una Menos Córdoba se hacen eco del reclamo y el próximo martes 23 de junio, convocan a movilizarse a las 11 hs frente a Tribunales Federales, para denunciar que el Estado es responsable y que la Justicia debe actuar conforme los protocolos vigentes bajo una perspectiva de género que proteja los derechos de la víctima y su familia.

A la par, como explicita el comunicado de familiares y amigos, “exigen protección para “Nora” y su familia que la Fiscalía Federal N° 2 realice una investigación seria y comprometida “exigimos que se tomen los cuidados pertinentes y se le brinde a “Nora” el acceso a los tratamientos necesarios para una mujer que ha pasado por una experiencia como esta. Queremos respuestas. Hace mucho tiempo recorremos oficinas, tribunales y juzgados sin ser oídxs, siendo pateadxs de un lado a otro sin una solución”.






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