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CÓRDOBA/REPRESIÓN POLICIAL

Cuarentena, represión y violencia policial en Córdoba: una política de Estado en la crisis

Durante los más de 130 días que llevamos de cuarentena, se han multiplicado en todo el territorio nacional las denuncias por casos de violencia y abusos policiales, así como la represión hacia la protesta social. Córdoba no fue la excepción, la Policía comandada por Juan Schiaretti ha sido protagonista de numerosos episodios, muchos de los cuales derivaron en la muerte de las víctimas. Acá un repaso por algunos de los hechos más relevantes.

Luis Bel

@tumbacarnero

Martes 4 de agosto | 13:00

Foto: Policía de Córdoba

Desde el comienzo de la pandemia y tras la firma del decreto 297 y la consecuente implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASyO), una de las respuestas en común del Estado nacional y los diferentes estados provinciales fue el refuerzo de la política represiva y la saturación de las calles de los barrios populares con efectivos de diversas fuerzas. Esto trajo como consecuencia una mayor impunidad en la intervención de esas fuerzas, las cuales, azuzadas por los diferentes gobiernos, se envalentonaron en su accionar represivo, sobre todo en sectores de la juventud trabajadora.

En medio de este panorama, Córdoba no aparece como una excepción: la Policía de la provincia ha sido protagonista de diversos casos durante estos últimos meses. Ya desde su cuenta oficial de Twitter, la fuerza se jacta que hasta el 10 de junio se han llevado adelante más de 30 mil detenciones por incumplir el ASPyO: lo que da la escalofriante cifra de alrededor de 378 detenciones diarias.

La mayoría de las detenciones están dirigidas a la juventud trabajadora y a aquellas personas a las cuales se les hace imposible el cumplimiento de una cuarentena estricta, ya que si no salen a trabajar o a "changuear", no comen, ni ellas ni sus familias. A la insuficiencia del IFE (insuficiente por su alcance e insuficiente por el monto), única medida tomada por el Gobierno nacional destinada a estos sectores, se le opuso un política de mayor control social mediante el aparato represivo estatal. Esto es inseparable de la precarización laboral creciente desde la llamada "Ley Banelco" en el 2000, sostenida durante todo el kirchnerismo y agudizada durante el macrismo.

Respecto a la detenciones, el PJ cordobés que gobierna la provincia desde hace más de 20 años, siempre tuvo la política de que los pibes y pibas de los sectores populares queden confinados en sus barrios, constituidos así en una especie de guetos. Es normal ver a policías deteniendo a jóvenes que salieron a dar una vuelta por las peatonales del centro de la ciudad, con la única excusa de la "portación de rostro". En algunos casos ni siquiera pueden salir de sus cuadras, que ya son inmediatamente interceptados por algún móvil. El hostigamiento y la humillación pública, sumados a un discurso político y mediático de demonización de los y las jóvenes (como recientemente sucediera con el presidente culpando en conferencia de prensa a la juventud de la propagación del COVID-19), han preparado el terreno para la naturalización de estas prácticas.

El gatillo fácil como método de control social

Según se desprende de la investigación realizada por el Observatorio Antirrepresivo de La Izquierda Diario, datos que saldrán en breve publicados en un detallado informe, son 66 los asesinados por las fuerzas estatales en lo que va de la cuarentena. Si bien la mayoría de casos se centran en el AMBA, Córdoba aporta a las estadísticas con 4 casos: Alejandro Amaya de 15 años, José Ávila de 35 años, Franco Sosa, de 22 años y un caso sin identificar.

Alejandro Amaya recibió un disparo de un móvil que ingresó "a los tiros" a Villa La Tela, según declararon los vecinos y vecinas. Alejandro fue trasladado a la comisaría y cuando su madre quiso verlo, se negaron y le dijeron que había sufrido un choque. Una semana atrás en el mismo lugar, la policía había disparado contra dos jóvenes.

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Franco Sosa fue asesinado de un tiro en la nuca, cuando (según la versiones policiales), robaba unas chapas de una fábrica cerrada en Ciudad Evita. El policía que disparó, declaró que Franco lo había apuntado con un arma, algo difícil de creer si el disparo que provocó su muerte fue estando el joven de espaldas. Tras la noticia la comisaría fue apedreada por vecinos.

El caso de José Antonio Ávila tomó gran relevancia pública. Vendedor ambulante de ropa, había comenzado a llevar mercadería a domicilio debido a la pandemia. El 4 de julio fue interceptado por dos policías de la División de Motos en Villa El Libertador. Uno de ellos le disparó a quemarropa en el estómago y luego de arrojar el cuerpo en el jardín de un vecino, se dieron a la fuga. Cuando lo dejaron, José aún estaba con vida. Hace poco había terminado de construirse una casa, junto con su compañera, y era padre de dos hijos. Desde el hecho, se han realizado diferentes cortes y movilizaciones reclamando justicia.

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El cuarto caso aún continúa sin identificarse, pero que la cifra haya sido solo de 4, es pura casualidad. Así como en Villa La Tela (antes del caso de Alejandro Amaya), ya habían disparado sobre dos jóvenes, desde este medio venimos denunciando y cubriendo los diferentes casos de violencia y abuso policial, que han sido una constante durante este período.

Centenares de denuncias de "verdugueadas" y torturas físicas y psicológicas nos llegaron por diferentes medios. Mujeres embarazadas y personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgos, golpeados y detenidos en pésimas condiciones de salubridad son algunas de las denuncias que se repiten. Tan solo basta recordar el caso de una militante del FOL, quien había salido a comprar medicamentos para su hija, que tenía quebrado un brazo, y permaneció detenida durante horas. Sus dos hijos pequeños habían quedado solos en casa, algo que poco importó a los efectivos, quienes se negaron a identificarse.

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Los abusos constantes en los controles policiales, como sucedió con el trabajador de la central atómico de Embalse. Las imágenes del policía disparando por la espalda a un joven en Bell Ville. En Alta Gracia irrumpiendo ilegalmente en el domicilio de un joven que venía de comprar pan, y que tras amenazar a sus padres (ambos mayores de 65 años y por ende dentro del grupo de riesgo), se lo llevaron detenido, ignorándose por horas su paradero. El caso de un menor de 17 años detenido y torturado en Río Tercero disparó numerosas denuncias similares a jóvenes de la zona, sobre todo en Monte Grande, un barrio humilde de la localidad serrana. En Traslasierra, dos hermanos fueron detenidos y uno de ellos brutalmente golpeado en la puerta de su casa, también solo había salido a hacer unas compras. En la Falda, dos artistas callejeros fueron golpeados y al momento de su liberación recibieron una escalofriante amenaza: "No digan nada si no quieren que los desaparezcamos”.

La gran cantidad de hechos demuestra que esta política no se circunscribe a la ciudad de Córdoba, si no que abarca a toda la provincia.

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Para los trabajadores, represión y espionaje

En primer lugar tenemos que resaltar los continuos hostigamientos a las y los repartidores desde el comienzo mismo de la cuarentena. Los cuales, mientras realizan su trabajo en condiciones completamente precarias, arriesgando sus vidas y las de sus familias, deben soportar las amenazas y abusos por parte de la fuerza policial.

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Además, en medio de una protesta contra esas mismas condiciones de trabajo, fueron reprimidos y dos de ellos detenidos a varias cuadras, una vez finalizada la movilización, una verdadera cacería de brujas.

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La terrible represión con 41 detenciones, sufrida por los trabajadores municipales de Jesús María quienes se encontraban en asamblea reclamando contra el ajuste a sus salarios, fue un punto de inflexión en el panorama político local y marcaría el rumbo de lo que serían una serie de ataques a las conquistas de los trabajadores estatales cordobeses. Tras el recorte del 30 por ciento, vendría la reforma jubilatoria impuesta por Schiaretti y el ataque a los municipales por parte de Llaryora, que incluyó despidos de contratados y recortes en el salario.

Días más tarde, el comisario Gonzalo Cumplido confesaba en diálogo con Cadena 3: “Nosotros conocemos todo lo que se publica en redes sociales con respecto a la realización de protestas. Hay un área especializada de la policía que se encarga de analizarlo, y dónde surjan, ahí estaremos”. Admitiendo que era normal que llevaran adelante esta práctica absolutamente ilegal y anti sindical, prohibida expresamente a nivel nacional. Una clara muestra de que tanto la policía como el Gobierno, se preparaban para reprimir los intentos que sugieran desde los trabajadores para reclamar frente a los ataques de las patronales y el mismo Gobierno.

A esto se sumaba la aplicación "Cuidate en casa" que permite rastrear la localización mediante el dispositivo móvil de cualquier persona que la descargue. Además, al ser de código cerrado, no se tiene en claro los alcances de acceso a la información personal una vez instalada.

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El 13 de julio, y luego de la agudización del conflicto de UTA por salarios adeudados por la empresas (la cuales habían cobrado el 100 por ciento de los subsidios), la Policía reprimió a los choferes, quienes marchaban por el centro de la ciudad. El saldo: 8 detenidos.

Una semana más tarde, y sin ningún motivo, en un desmesurado operativo adonde "estrenaron" el nuevo camión hidrante comprado por el Gobierno, rociaban con gas pimienta a una de las esposas de los choferes que acompañaban la movilización. También fueron gaseados quienes acudieron a socorrerla.

Una política represiva a medida de la profundización de la crisis socio-económica

Como se viene denunciando desde el Frente de Izquierda Unidad, la policialización y militarización de las barriadas populares y la criminalización de la protesta social tienen como principal objetivo amedrentar a aquellos sectores que comienzan a organizarse ante los ataques en curso, pero además de cara a la crisis que según coinciden todos los pronósticos, se agudizará en los próximos meses.

También es una respuesta ante el desmantelamiento y el constante desfinanciamiento al cual fue sometida la Salud Pública. Como bien remarcaban las y los trabajadores, al virus no se lo combate con balas y más policía.

Las constantes felicitaciones por parte de Alberto Fernández al desempeño durante la pandemia de las diferentes policías, gendarmería y las FFAA, llamándolos héroes en diversas oportunidades, sumado a lo realizado durante el Gobierno de Cambiemos, con la "doctrina Chocobar" y la cifra récord de casos de gatillo fácil durante esos 4 años, han profundizado la sensación de impunidad con la que actúan las llamadas fuerzas de seguridad.

El caso de Facundo Astudillo Castro (en donde todo apunta a que la Bonaerense está involucrada en su desaparición forzada), a puesto en marcha el mismo dispositivo de encubrimiento estatal que ya vimos con Santiago Maldonado en 2017 y con la segunda desaparición de Jorge Julio López en septiembre de 2006. Esta vez con el Ministro de Seguridad de PBA, el kirchenirsta Sergio Berni a la cabeza, con diversas apariciones públicas y mediáticas donde intentó deslindar de responsabilidades a la tropa que comanda.

A esto se le suma la desaparición y asesinato de Luis Espinoza y de Walter Nadal en Tucumán, las represiones a comunidades originarias en Chaco a nivel nacional; y en el plano internacional el asesinato de George Floyd, que desató una ola de protestas y rebeliones populares en el corazón de los EEUU, que se expandió a Europa y a parte de América Latina. En este marco es imprescindible levantar las banderas de las consignas que hoy se gritan en el mundo entero: el desmantelamiento de la institución policial y y la expulsión de la policía de las organizaciones de los trabajadores y las trabajadoras. Un debate estratégico que se dio en el marco de la Conferencia Latinoamericana y de los EEUU que tuvo lugar el fin de semana pasado, convocada por el FIT U, y donde participaron decenas de organizaciones de izquierda a lo largo de todo el continente.

En Córdoba, como en todo el país, el recrudecimiento del accionar represivo está íntimamente ligado al empobrecimiento de las grandes mayorías. Defender las conquistas obreras y la vida de nuestros pibes y pibas, es una tarea urgente.






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