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Red Internacional

La vicepresidenta denunció que las “empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, para responsabilizarlas del crecimiento de la indigencia. Al mismo tiempo, dijo que el Ministerio de Economía “ha trabajado duro”. Sin embargo, ese "trabajo" ha sido en función de aplicar el ajuste acordado con el FMI, recortando partidas para asignaciones familiares y ayudas alimentarias.

Miércoles 28 de septiembre | Edición del día

Este miércoles Cristina Kirchner, a través de Twitter, buscó desligar al Frente de Todos del crecimiento de la indigencia ligándola solo a la suba de los precios provocada por las empresas alimenticias. En un hilo publicado afirmó que: “Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad.” Al mismo tiempo, le marcó a Sergio Massa que “es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria”.

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Sin embargo, el Gobierno viene dando vía libre a los monopolios de la alimentación y ajustando las partidas presupuestarias destinadas a los sectores de menores recursos. Así, en agosto la AUH (Asignación Universal por Hijo) y las asignaciones familiares recibieron casi un 15 % menos de fondos en relación al mismo mes del año pasado (teniendo en cuenta la inflación). Peor aún, las políticas alimentarias tuvieron un recorte de casi el 16 %.

Si bien los datos de indigencia informados por el Indec corresponden a la primera parte del año, está orientación del gasto estatal seguro que no va en dirección a resolver el problema. Por el contrario, acentúa la política de ajuste que había empezado a implementar Martín Guzmán, ya desde fines de 2020.

Para 2023 el plan es ajustar todavía más. En el proyecto de ley presentado por Massa, la partida de seguridad social que incluye jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH, entre otras prestaciones, pasará de representar el 9,42% del PBI al 8,8% del PBI. Un descenso de casi el 4,3 % en relación al 2022 (utilizando la inflación estimada por CIFRA que es del 75,7 % para 2023).

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A pesar de su discurso contra los grandes empresarios y los "formadores de precios", el Gobierno del Frente de Todos ha actuado en completa complicidad con los grandes empresarios del sector alimenticio. A lo sumo se ha limitado a las llamadas políticas de precios, que no han logrado frenar las subas. Al mismo tiempo, ha hecho advertencias y amenazas verbales que no tienen ningún efecto.

Sin embargo, el Gobierno también es responsable directo de la inflación. Acaba de aumentar las tarifas de los servicios públicos y de los transportes, dos sectores claves que generan un efecto en cadena sobre el conjunto de los precios. Además, para cumplir con el Fondo Monetario necesitan de una inflación elevada que les permita licuar las partidas presupuestarias y lograr bajar el déficit fiscal hasta el 2,5 % del PBI.

Lo que vuelve a quedar en evidencia es lo falso de aquel discurso que propone "regular al capitalismo" como señaló alguna vez la misma Cristina Kirchner. Lo que resulta evidente es que las empresas actúan con completa impunidad y el Estado, a lo sumo, denuncia.

No puede existir ningún control real y efectivo de precios sin la participación activa de la clase trabajadora y los sectores populares. Es necesario avanzar en conformar comités de trabajadores y trabajadoras en las grandes empresas alimenticias que controlen la producción y sus costos, al tiempo que impiden las múltiples maniobras que hacen las patronales. Junto a eso hay que desarrollar comités en los barrios, que establezcan el mismo tipo de control sobre las grandes empresas que comercializan los productos.

No hay solución posible por parte del Gobierno a la crítica situación social. El ajuste del Frente de Todos y el FMI sólo puede traer más pobreza e indigencia. Es necesario un aumento de salarios, jubilaciones y asignaciones de emergencia y romper con el Fondo para poner el conjunto de los recursos en función de las necesidades de las grandes mayorías.


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